Creación de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El Gobierno acaba de crear la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el fin de dar respuesta a la reclamación que la sociedad española, los agentes sociales y las fuerzas políticas vienen realizando para reforzar y potenciar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Hay diversos temas que, desde hace años, no se regulan correctamente y faltaba un organismo de apoyo que vele por lo derechos fundamentales de los trabajadores.

Con la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se quiere reducir la siniestralidad laboral, que si bien ha bajado en los últimos años, todavía es notable en nuestro país; combatir la economía irregular y el fraude en cotizaciones o prestaciones sociales, cada vez más disparada en los tiempos que corremos; controlar el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social; y garantizar los derechos de igualdad efectiva y no discriminación de mujeres y discapacitados, donde todavía queda mucho camino por recorrer.

La potenciación de la Inspección pasa, entre otras medidas, por un incremento de efectivos, y una adecuación del perfil profesional y formativo, adecuados a las diversas demandas de la función inspectora en un modelo de inspección integral.

Para ello se van a necesitar mayor número de profesionales y de inspectores. El Ministerio de Trabajo fija como objetivo alcanzar la ratio media del número de inspectores por trabajador de la UE-15, lo que significa contar al final del período con un número aproximado de 3.000 efectivos.

Es preciso para ello perfeccionar el sistema de reclutamiento y selección tradicional -oposición de base memorística y mantener un sistema de formación y actualización permanente de los funcionarios que forman parte del sistema de Inspección de Trabajo, entre otras.

La Escuela de la Inspección pretende, además, constituir un punto de referencia para el estudio, la reflexión y el debate en materia social. Dado el reparto competencial en la normativa del orden social entre el Estado y las Comunidades Autónomas.