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Empleos sumergidos

El desempleo no es el único culpable de la situación de desempleo que se vive y de la tasa de paro alarmante a la que nos acostumbramos desde hace más de 1 años, y aunque no se hable tanto también lo es el empleo sumergido, algo que se encarga de detectar la Inspección de Trabajo cuando hace relevamiento para tal fin. Llegó a detectar hasta 4.895 empleos sumergidos entre los meses de enero a junio de 2011.

El año pasado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que encaró en el primer semestre del año un campaña, impulsó un total de 4.895 altas a la Seguridad Social en Valencia, logrando que estos trabajadores que se empleaban escondidos de la legalidad del empleo tuvieran su reconocimientos.

Es una gran problema el saber cuanto es la economía y el empleo sumergido para lo que se deben lanzar campañas especiales de detección. Entre los que más les pega es a los inmigrantes, como suele suceder en cada país, pero no por ser novedad es menos trágico,
FUNCAS, es la fundación de las cajas de ahorros, indica que podría comparar con el 24% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.

La salvedad en cuanto al empleo sumergido que se los esconde del fisco y la Seguridad Social sube en tiempos de crisis como este, pero se mantiene en ciertos niveles aunque la economía no pase por mal momento, simplemente que cuando hay crisis sube más y hasta encuentra mas justificaciones para esta práctica.
En cuanto al empleo, es estima que en 1984  la economía sumergida daba empleo a 1,4 millones de personas, para los años 2006 y 2008 llegaba a los 4 millones, y en 2011 ya suponían más de 5 millones. Por lo que algunos creen que si en verdad se lograra aflorar el total se encontraría con que la tasa de paro de España sería de 1 millón de parados, aunque suene a disparate.
También se debe estudiar cuales son las condiciones laborales y salariales que les ofrecen, además del abuso de la irregularidad en la contratación de inmigrantes. El Gobierno español se ha puesto en campaña para aflorar este tipo de empleo, para lo que había lanzado una amnistía hasta el 31 de julio, puede tildarse de fracaso o al menos escaso éxito.

Datos de 2011:

En 2011, CCOO-PV, señalaba que el  total de actuaciones entre esos meses se dieron en el área de la Seguridad Social fueron de 32.729. En el caso de la Comunidad Valenciana los empresarios tendrían que pagar ante el incumpliento de la normativa de seguridad social un total de 75.848.504 euros, de los que 69.500.973 de euros se debían a expedientes de liquidación y el resto unos 6.347.531 de euros por sanciones.

El informe era amplio y ofrece información por provincias, entre las que sobresalían: Alicante, con 2.924 altas promovidas por la Inspección de Trabajo, Valencia con 1.485 y de Castellón con 486. La comunidad valenciana se ubicaba segunda en fraudes detectados, con 4.895, lidera Andalucía afloraron 6.378, Canarias con 2.862 altas y Cataluña con 3.264 cierran la lista. Alicante superaba y por bastante a grandes ciudades como Barcelona o Madrid en el fraude registrado.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración logró convertir en contratos indefinidos 2.206 contratos, en este concepto se dieron en Valencia 1.374, 654 en Alicante y 178 en Castellón. Esto refleja que una parte de los empresarios no ponen en marcha las medidas que corresponden para frenar la alta tasa de paro de la reforma laboral, que llegaba a números escandalosos del 24% por entonces, además de que se cuentan por miles los trabajadores que agotaron las prestaciones por desempleo, es que los empresarios sacan provecho acrecentando la economía sumergida, y pueden decir que así y todo dan empleo pero no en las condiciones que deben y menos respetando los derechos laborales de los empleados.

La economía y el empleo sumergido son uno de los males que más aumentan en una crisis como la actual y que eliminándolo se logra que no solo se cree empleo también que el empleo que se brinde tenga las condiciones legales que exigen las leyes laborales. Las empresas también deben colaborar en eliminar el empleo sumergido no solo debe partir del gobierno, ya que por más leyes que dicten si los empresarios no se dedican a ponerlas en marcha es difícil que se pueda acabar con este tipo de prácticas ilegales y que empeoran las condiciones del mercado laboral.

Las conclusiones sobre la campaña de afloramiento de la economía sumergida, no es la mejor y en comunidades como la Valenciana costará mucho eliminarlo si los propios empresarios lo hacen como práctica usual; se pide que se refuercen los programas antifraude y plantillas de las Inspecciones de Trabajo, para que estas garanticen que se cumpla la normativa laboral.

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